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lunes, 20 de abril de 2009

Fujimori, ahora le toca a Huilca

Escribe: Imael León Arias

Martes 7 de abril del 2009. Veinticinco años de cárcel para Alberto Fujimori. En el futuro podría ser celebrado como Día Internacional de los Derechos Humanos y la Justicia. Qué bueno y qué justo; una reparación a los muertos de Barrios Altos, La Cantuta y miles de otras víctimas del co-gobierno con Vladimiro Montesinos.
Ahora no hay que olvidar a Pedro Huilca Tecse, secretario general de la CGTP, asesinado el 18 de Diciembre de 1992, según muchos indicios por órdenes de Alberto Fujimori, ejecutadas por el grupo Colina. Los antecedentes del caso apuntan en esa dirección, aunque con bastante lodo arrojado por la policía de entonces para confundir a la opinión pública.
Recordemos que la muerte de Huilca fue cometida por seis u ocho individuos que dispararon fusiles de corto y largo alcance, cuando el sindicalista estaba en su automóvil con su hija Flor, frente a su casa de Los Olivos. Los senderistas eran tan criminales como los Colina, pero la policía no registraba armas de ese tipo en su poder.
Poco después fueron detenidos media docena de sujetos de la secta de Abimael Guzmán, quienes al ser puestos frente a un tribunal militar admitieron sin más la comisión del crimen. Pero también es verdad que tiempo después lo negaron y surgieron las confesiones de Mesmer Carles Talledo y Clemente Alayo, dos agentes del SIN que responsabilizaron del asesinato al grupo Colina y a sus jefes militares.
Testigo es el congresista Jorge del Castillo, quien dirigió una comisión investigadora del crimen. En esa condición el dirigente aprista viajó hasta la cárcel de Yanamayo, donde obtuvo indicios razonables de lo que aquí recordamos
Memorex político
Tres de diciembre de 1992. Huilca y Fujimori se conocerían muy bien. Lo recuerdo y mantengo mis apuntes de aquel CADE -Conferencia Anual de Ejecutivos-, en Ica, cuando estuvieron frente a frente en el entonces Hotel de Turistas de la soleada ciudad. Allí el líder obrero le pidió en su cara que derogue los decretos anti- laborales que había dictado un año antes. Se refería al decreto legislativo 728, y al decreto 25593. El primero cambió las relaciones individuales de trabajo a favor de las empresas; el otro afectó la negociación colectiva y el derecho de huelga. Hablando como un estadista, Huilca propuso al auditorio de inversionistas un Acuerdo Nacional que devolviera los derechos laborales perdidos, a cambio de paz social. Hablaba por encima del gobierno.
La respuesta del japonés no pudo ser más grosera y agresiva. Habló con esa su vocecilla chillona y la altanería que siempre tuvo frente a los trabajadores: “El consenso ya lo hemos construido todos juntos desde 1990; poco a poco han surgido y siguen apareciendo las grandes estructuras sociales del verdadero Perú profundo”.
Para Fujimori el consenso consistía en pergueñar leyes en los sótanos del SIN, con Montesinos, Boloña o Camet y los abogados laboralistas que le enviaba la CONFIEP.
Luego levantó la mirada, miró hacia el público con el ceño fruncido y amenazó “Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales”. Huilca se limitó a sonreír; acusó recibo del mensaje.
El 5 de abril de 1992, Fujimori, Montesinos y Hermoza habían derribado la democracia, cerrado el Congreso, tomado el Poder Judicial, cancelado el Tribunal de Garantías Constitucionales y esa misma noche sus tropas entraban a los periódicos, radio emisoras y canales de televisión más importantes de Lima.
En mayo de ese mismo año, agentes del SIN secuestraron a dirigentes comunales del valle del Santa, en Chimbote; un mes después desaparecieron al periodista Pedro Yauri Bustamente, quien venía haciendo campaña radial por su imposible reaparición.
Aquellos días el clima político y sindical no podía ser peor. Fujimori se negaba a recibir a las delegaciones sindicales, consigna que sus ministros de Economía y de Trabajo cumplían al pie de la letra. Cerrados los caminos internos, la dirigencia de la CGTP, con Huilca a la cabeza, se dirigió a la sede limeña de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- para entregar sus demandas, que incluían denuncias contra Fujimori por la pérdida de sus derechos laborales.
Pero no solo eso. La Central también acusaba al régimen por la corrupta privatización parcial del entonces Instituto Peruano de Seguridad Social –IPPS-, que bajo la conducción de Luis Castañeda Lossio comenzaba a mostrar sus más amargos frutos a los trabajadores.
Desde “La República” Huilca retó al japonés “¿Por qué nos tiene miedo señor Fujimori? ¿No dice que los sindicatos estamos de capa caída? Yo lo desafío a que me otorgue el permiso para realizar un mitin en la Plaza Dos de mayo y convocar a 200 mil trabajadores. Este es mi reto y le demostraré que ese mitin será el verdadero plebiscito del que tanto habla su dictadura”
El 21 de julio de ese año fue organizado a media caña un paro nacional de 24 horas y una movilización convocada por las cuatro centrales sindicales. Los trabajadores porfiaban en exigir diálogo entre el gobierno, los gremios y los partidos políticos.
Dueño del poder protegido por los tanques, el régimen siguió cambiando para mal la legislación laboral, mediante otros decretos emanados directamente de Palacio de Gobierno. En octubre el dictador limitó aún más las negociaciones colectivas.
Fue el puntillazo. El 15 de Diciembre de 1992 Pedro Huilca se puso a la cabeza de su última marcha, rodeado por miles de trabajadores, ambulantes, desocupados y jubilados. Hombres y mujeres se movilizaron para protestar.
A esas mismas horas los asesinos engrasaban sus fusiles.

de Diciembre de 1992 Pedro Huilca se puso a la cabeza de su última marcha, rodeado por miles de trabajadores, ambulantes, desocupados y jubilados. Hombres y mujeres se movilizaron para protestar.A esas mismas horas los asesinos engrasaban sus fusiles.



sábado, 18 de abril de 2009

Esterilizaciones Forzadas en el Perú: Mujeres esperan justicia.

Aunque la impunidad bordea el delito de lesa humanidad
Por María Esther Mogollón*
Las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas por diversas mujeres y
organizaciones en estos años en el Perú, cobran especial significado en los esfuerzos de un
grupo de doce campesinas quechua hablantes de Anta. El mismo es un hecho emblemático
que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que fueron
víctimas, no sólo ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas. Como
se recuerda estas esterilizaciones forzadas fueron perpetradas durante 1996-2000, durante el
gobierno de Alberto Fujimori.
Después de investigaciones y acusaciones negadas, el hecho volvió a cobrar relevancia
debido a que en junio 2003, la Comisión de Derechos humanos del Congreso formuló ante la
Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura,
debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las
esterilizaciones forzadas. Previamente en enero de este año (2003) en el Congreso de la
República una Sub Comisión Especial, creada para revisar la Acusación Constitucional contra
Fujimori, dirigida por el Congresista del APRA Luis Gonzáles Posada y Luis Ibérico del FIM,
en tiempo récord y sin atender mayores evidencias, ni las denuncias de las víctimas,
desestimó la acusación Constitucional por genocidio contra Alberto Fujimori y dos de sus ex
ministros de Salud. Sólo quedaba la acusación penal contra otros implicados, que eran
funcionarios de la dictadura, pero los "peces gordos", estarían celebrando la impunidad.
Este crimen de lesa humanidad y las investigaciones referentes a ella, se dan en un marco de
enturbamiento debido a que los conservadores, como congresistas y el ex Ministro de Salud,
Fernando Carbone, usando el delito de esterilizaciones forzadas, intentan eliminar los
derechos sexuales y reproductivos de las personas y de otro lado, los rezagos del fujimorismo y
sus cómplices, hacen lo posible para quedar libres de culpa. Las víctimas son dejadas de lado
en esta discusión.
Antecedentes
La política de planificación familiar implementada desde 1996-2000 durante el gobierno del
dictador Alberto Fujimori fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de
derechos humanos de las mujeres, demostrando el desprecio por la vida de quien dirigió los
destinos del país .
En democracia, el Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las
esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados
profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta, Cusco, Hilaria Supa. Los resultados se
dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación de derechos que
enfatizaban en testimonios y las irregularidades en el Consentimiento Informado. El gobierno
de Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud Fernando Carbone, (2001-2003) pidió
disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones
forzadas.
Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y
declaraciones de ex-autoridades fujimoristas, a lo que se sumaron ambigüedades de parte de
varias ONGs de mujeres que si bien denunciaron algunos hechos en 1996-1998
posteriormente se silenciaron.
El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la Sub
Comisión de Salud, dirigida por el Congresista conservador, Dr. Héctor Chávez Chuchón. Esta
Comisión determinó la acusación Constitucional sobre Genocidio contra el expresidente
Fujimori, -quien huyó del país y se encuentra en Japón bajo el paraguas de su "nacionalidad
japonesa"- y otros funcionarios. Chávez Chuchón, recomendó a la vez e injustamente, eliminar
el acceso a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)

Las esperanzas de justicia frente a la impunidad
Las investigaciones están hoy, en la Fiscalía de la República y avanzan lentamente, aducen
falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son
claras. Lo más preocupante es que centrado el debate por un lado en la negación del delito, la
ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del opus
dei; las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de
la impunidad.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil. A 16 mil hombres, se les practicó
la vasectomía. La magnitud de las irregularidades no se ha precisado, pueden ser esas mismas
300 mil o menos. He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia. Las
consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres
esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en el
Perú.
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconocó ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación de los derechos humanos
en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita
Mestanza, mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998, como consecuencia de
complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de
Alberto Fujimori. El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia
peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas,
CRLP (sede Nueva York), CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH y el Centro para la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso se fundamentó en las investigaciones de
Giulia Tamayo y su Reporte Nada Personal, sobre las AQV. Finalmente el 26 de agosto de
2003, el gobierno peruano ha cumplido con la entrega de la indemnización consistente en US$
109,000 a la familia de Mamérita. Falta aún lo relacionado a la mejora de los Programas de
Salud Reproductiva, en especial lo relativo a las AQV.
Entre las pocas organizaciones peruanas que acompañan actualmente a las campesinas de
Anta, se encuentra el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM Fundacional),
ellas han referido que esta solución amistosa, es una buena noticia para quienes luchan contra
la impunidad en torno a esta injusta política de población aplicada. Señalan que continuarán su
accionar a favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, exigiendo
toda la verdad sobre lo acontecido para lo cual hacen monitoreo a las investigaciones y
capacitación en derechos sexuales y reproductivos.
La solución al caso de Mamérita Mestanza, abre las posibilidades a las investigaciones y a la
justicia que esperan las mujeres a las que les fueron violados sus derechos, en especial a
quienes han venido denunciando lo que les pasó, aun a costa de amenazas, burlas, negación y
silencios cómplices, no sólo de funcionarios del gobierno fujimorista sino de instituciones
nacionales y financieras internacionales que se empeñan en negar sus responsabilidades.
Las activistas de derechos humanos, que desean la verdad y justicia sobre todo lo sucedido,
frente al asomo de impunidad y a la lentitud de la justicia peruana, expresan que su lucha se
apoya en saber que este crimen de lesa humanidad no caduca.
*Périodista, feminista. Activista del MAM FUNDACIONAL.

lunes, 6 de abril de 2009

El Peruano













Distinción. El gobernante esloveno y presidente en ejercicio de la UE, Danilo Turk, destacó el intercambio que el Perú y su país pueden lograr en el futuro inmediato.

El Comercio.COM.PE

Presidente esloveno fue condecorado en Palacio de Gobierno
13:55 | Mandatario europeo agradeció la condecoración y dijo que su visita estaba relacionada con el intercambio cultural entre ambos países



Tras reunirse por casi una hora en Palacio de Gobierno el presidente Alan García condecoró al mandatario de Eslovenia, Danilo Türk con la orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz con brillantes. De forma oficial la cita trató sobre los preparativos de la V Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y el bloque europeo, que se realizará en nuestro país en mayo próximo.


"Es la primera vez que un presidente de Eslovenia visita el Perú", dijo García antes de colocarle la banda de color granate en una reunión pública en el salón Dorado de Palacio de Gobierno. "Nuestra relación con la Unión Europea es fundamental y por eso este año convocaremos a los jefes de Estado en la V Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y el bloque europeo para tratar temas como la pobreza, la exclusión, el medio ambiente y el cambio climático", precisó.


El mandatario peruano también pidió el respaldo de Eslovenia a las negociaciones que llevan adelante la Comunidad Andina de Naciones y la UE, para establecer un Acuerdo de Cooperación Económica.


De otro lado, García Pérez indicó que Türk representaba a "la gran Europa de la cultura" y recordó el gran interés del mandatario esloveno por los derechos humanos de las minorías.


A su vez, el presidente europeo agradeció la condecoración y dijo que su visita estaba relacionada con el intercambio cultural entre ambos países.


A la ceremonia de condecoración asistieron el primer ministro, Jorge del Castillo, el canciller José García Belaunde, la ministra de Transportes y Comunicaciones Verónica Zavala. De igual modo los congresistas Mauricio Mulder (Apra), Carlos Bruce (AP) y Cayo Galindo (PNP).


El presidente esloveno también tiene previsto visitar el Congreso a las 3:30 de la tarde y allí será recibido por el titular del Congreso, Luis Gonzales Posada con quien sostendrá una breve reunión.